Tras la pasada Huelga General del 29 de marzo el gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que el papel de los servicios sociales ha quedado relegado a un plano inferior. En el caso de la educación pública se traduce en un recorte del 20%, que en las enseñanzas universitarias asciende a un escandaloso 60% respecto a los presupuestos del año anterior, contando también con un recorte de casi un 12% para becas (166,4 millones menos respecto al año anterior), y en la investigación, privando a multitud de estudiantes de continuar sus estudios superiores con becas de investigación.
Por otro lado, el gobierno ha hecho público un anuncio de subida de tasas de hasta un 66% para los grados, así como la revisión de la cantidad de titulaciones existente con el objetivo de reducirla por criterios de eficacia. Actualmente el estudiante de la universidad española paga el 15% del coste real, pero con la justificación de conseguir el recorte de 3.000 millones euros en educación, se pretende aumentar de este 15 al 25% el coste que asume el alumnado en la primera matrícula. En concreto, esta subida de tasas supone hasta 540 euros más al año para los alumnos de nuevo ingreso. El porcentaje de coste se eleva pagando entre el 30 y el 40% más en la segunda matrícula, entre el 65 y el 75% en la tercera; y entre el 90 y el 100% en la cuarta (unos 6.000 euros). Además, para los másteres se propone que en aquellos que no supongan la llave al ejercicio de una profesión, se pague entre el 20 y el 50% del coste real.
En un momento de crisis estructural del capitalismo vemos cómo el gobierno, al servicio de los intereses de la oligarquía, recorta cantidades imprescindibles en los servicios públicos a la vez que avanza su privatización, a la vez que en Defensa se reduce un 8% y en la Corona un 2%. Mientras crecen las tasas de paro, las dificultades para las familias de clase trabajadora en paro, se facilita el despido, etc. el gobierno reduce la dotación para becas, con el fin de no facilitar la ayuda al estudio para estas familias.
La contrarreforma laboral aprobada el pasado febrero por el Partido Popular supone un abaratamiento del despido que puede llegar hasta su gratuidad, facilita la rebaja de salarios, y deja un espacio para contratos especialmente dedicados a la juventud: el contrato de formación y aprendizaje, que puede durar hasta los 30 años con la posibilidad de encadenar este tipo de contratos en la misma empresa durante 2 años, obteniendo un sueldo del 75%; o el contrato para emprendedores, que puede durar hasta un año.
Ante este panorama ¿qué futuro le queda a la juventud? Por un lado se ataca su derecho a la educación mientras que por el otro se prepara un mercado laboral dispuesto a sacarle la mayor rentabilidad posible a su fuerza de trabajo. Ante todo esto el movimiento estudiantil se ha posicionado, y las luchas han comenzado, no exentas de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como vimos en las luchas estudiantiles del Lluís Vives de Valencia, o los estudiantes detenidos de Barcelona en la Huelga General. Desde el 17 de noviembre de 2011 con la huelga educativa estatal hasta este mismo momento, con la jornada de lucha del 25 de abril.
La respuesta ante todos estos ataques no puede ser otra que la organización y la lucha. Organizándonos en asambleas de estudiantes y de trabajadores, en sindicatos estudiantiles y obreros, porque estas estructuras permiten mantener una lucha constante y consciente, una lucha para golpear con un solo puño y con toda su fuerza. Esta lucha debe ser superadora, pues los ataques que hoy se perpetran contra los derechos laborales mañana los sufriremos como trabajadores, y en ese sentido los Colectivos de Jóvenes Comunistas estaremos en todas las luchas estudiantiles, así como en todas las luchas contra la reforma laboral.
¡DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA:
MÁS QUE UNA OPCIÓN, UNA NECESIDAD!
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